El Gobierno admite que seguirá pagando la multa por los vertidos de aguas fecales hasta al menos 2025 // Nicole Jachym

 

El Gobierno admite que seguirá pagando la multa por los vertidos de aguas fecales hasta al menos 2025

España seguirá pagando hasta 2025 la millonaria multa europea por la falta de depuración de las aguas residuales de varios municipios. La multa, que asciende ya a 62,96 millones de euros y que crece cada seis meses mientras sigan los incumplimientos, fue impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2018, cuando nueve aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes del país continuaban vertiendo sus aguas residuales sin el adecuado tratamiento.

Cuando se hizo público el fallo, el Gobierno central presentó un calendario en el que se afirmaba que en cuatro años estaría resuelto el problema, pero ya es 2022 y el Ejecutivo reconoce ahora por escrito que el cumplimiento completo no llegará hasta al menos 2025. Esto supondrá que la que es ya la mayor multa europea a la que ha tenido que hacer frente España siga engordando durante los próximos tres años.

Muchas veces los Ayuntamientos no tienen presupuesto para construir o mejorar las depuradoras o para mantenerlas. En otras ocasiones, no hay voluntad política por el rechazo que la instalación de este tipo de infraestructuras despierta entre algunos colectivos de vecinos. Ante esta situación, el Gobierno central y las comunidades autónomas han ido declarando de interés estatal o autonómico estas obras para que se ejecutaran en los últimos años. 

La obligación para las aglomeraciones urbanas de depurar correctamente sus aguas antes de verterlas al mar y los ríos viene recogida en una directiva europea que establecía 2001 como fecha para cumplir con estas prescripciones. Sin embargo, ante el alto grado de incumplimiento la Comisión fue concediendo diferentes prórrogas a España. La última fue hasta 2013 y en ese momento 17 núcleos urbanos seguían incumpliendo. Así que Bruselas acudió al Tribunal de Justicia de la UE, que tras un largo proceso condenó al país en 2018 por los incumplimientos en esas 17 aglomeraciones a pagar una multa de 12 millones.

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